La querella, que fue interpuesta por Arturo González Panero, exalcalde de la localidad y para quien la Fiscalía solicita 40 años de cárcel por su participación en la trama, ha sido desestimada "por carecer ese juzgado de competencia para la instrucción y por corresponder en exclusiva a la sala de lo penal del Tribunal Supremo".
El rechazo llega después de que la semana pasada González Terol, también diputado en el Congreso por el PP, dato que silenció en su querella González Panero, presentara sus alegaciones a la denuncia recibida.
En las mismas, a pesar de que la jueza no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión, la defensa de González Terol afirmaba que la querella del exalcalde "era un intento de invalidar todas las pruebas que el servicio jurídico contratado había aportado en el juicio contra Panero y algunos miembros de su entorno, a quienes se había conseguido imputar".
Además, informaba al juzgado de que la contratación del servicio jurídico contratado por el Ayuntamiento para defender los intereses de los vecinos había sido "el económicamente más ventajoso después de haber invitado a participar a cinco despachos de abogados diferentes", y "su externalización se fundamentaba en un informe del letrado consistorial en el que asumía que el Ayuntamiento tenía legitimación para personarse como acusación particular, algo que aceptó el juez instructor del caso".
Y, segundo, "que los servicios jurídicos municipales, en aquel momento formados por tan solo un funcionario, no podían hacerse cargo por la complejidad del caso –una causa penal mastodóntica– y la sobrecarga de asuntos que tenía la unidad jurídica del Consistorio".
Asimismo, la defensa del actual alcalde de Boadilla también señaló que "ninguno de los despachos de abogados que fueron invitados al procedimiento de contratación había trabajado anteriormente para González Terol, quien jamás había tenido relación previa con ellos, incluido el despacho adjudicatario", además de incidir en que la contratación se realizó "siempre fundamentándose en la Ley de Contratos del Sector Público vigente".
También se subrayaba en la defensa que escoger un negociado sin publicidad se debía fundamentalmente a "garantizar la reserva y discreción de la estrategia y el enfoque judicial que iba a tener el Consistorio como acusación particular en el procedimiento", además "de la urgencia de personarse en la trama".
¿Por venganza?
Por último, la alegación presentada por el actual alcalde incidía en que la querella obedecía "a fines espurios o de venganza"por parte de Panero, a quien se le acusa de haber percibido de la trama 1,8 millones de euros y se le atribuyen delitos como la asociación ilícita, la prevaricación, el fraude a las Administraciones Públicas, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, la falsedad en documento mercantil, el cohecho y el blanqueo de capitales.