En 2013, al igual que ha hecho en distintos momentos desde entonces, el consistorio recurrió a contratar un despacho de abogados externo para atender su personación y la de la Empresa Municipal de Suelo y la Vivienda (EMSV) en el caso Gurtel.
Una decisión que se tomó dada la complejidad del casoy a petición de los servicios jurídicos municipales (entonces con un abogado; hoy son dos). Basta señalar la propia duración del juicio de un caso que estalló en 2008 (hace casi 10 años), los más de dos millones de hojas de documentación incorporados al sumario, una trama con investigaciones y comisiones rogatorias abiertas en varios países y paraísos fiscales con el objetivo de investigar los fondos y propiedades ocultas por los miembros de la trama...
El consistorio, de acuerdo a la ley, decidió subcontratar un despacho jurídico especializado para afrontar su personación con ciertas garantías en el caso Gürtel como parte afectada. También para no saturar con este asunto a los servicios legales municipales. Aclaran desde el Ayuntamiento en este sentido que "la externalización de servicios es algo habitual y que la defensa jurídica del Consistorio en la trama Gürtel a través de un despacho de abogados se produjo tras informe del letrado consistorial en el que se indicaba la idoneidad de contratar un bufete experto dada la complejidad del caso y la sobrecarga de asuntos que tenía la unidad jurídica del Ayuntamiento", explican.
Y todo ello se hizo legalmente a través de un concurso negociado sin publicidad, con el fin de "no mostrar a los acusados la estrategia ni el enfoque judicial que iba a tener el Ayuntamiento como acusación particular en la trama". Fueron varios los despachos invitados a participar en el concurso (cinco) y se adjudicó finalmente al que mejor precio ofreció.
Cuatro años después, el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y a pocos meses de que se inicie el juicio del caso Gürtel en la parte que afecta a Boadilla, ha presentado una querella criminal contra el alcalde de Boadilla en los juzgados de Móstoles. ¿El motivo? Considera que recurrir a un despacho de abogados externo, y no hacerlo a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, es prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
González Panero ha destacado, en declaraciones a distintos medios de comunicación, que todos los ayuntamientos del caso Gürtel han acudido con letrados municipales y Boadilla contrató "uno externo". Algo que tendrá que ver la juez.
De momento, ha citado a declarar sobre este tema a González Panero el próximo 13 de diciembre. Había citado también a Antonio González Terol para que ofreciera su versión de los hechos el próximo mes de enero, pero advertida de que González Terol es diputado del Congreso, y por tanto, aforado, será el Tribunal Supremo quien decida sobre su declaración.
Sorpresa
La presentación de la querella ha causado inicialmente cierta sorpresa, por un lado; aunque, por otro, viniendo de quien viene y en el momento en que viene, tampoco genera tanta extrañeza.
Recordar que el Ayuntamiento de Boadilla va a solicitar para González Panero 49 años de cárcel por diferentes supuestos delitos y una suma de 548 años de prisión para 27 imputados por la trama Gürtel en el municipio. También, fruto de los trabajos realizados por el equipo legal contratado para el caso Gürtel, "se ha conseguido imputar a dos funcionarios y destapar otros hechos supuestamente delictivos que ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares habían denunciado”.
Tras la querella, González Terol, de momento, dice "encontrarse muy tranquilo y sereno, porque la denuncia sólo contiene mentiras fácilmente de desmontar”. Entre otras, aclara, "es absolutamente falso que yo tuviera una relación con el despacho de abogados. Ni mis padres, ya fallecidos, ni mis hermanos, ni mi mujer, ni ningún familiar cercano había contratado a este bufete nunca".