Enrique Rúspoli Morenés (Madrid, 1935), descenciente directo del Infante Don Luis, fue el último propietario que tuvo el palacio antes de que éste pasara, en 1998, a manos del Ayuntamiento. Amante del arte, la arquitectura, la música... Ha publicado varios libros sobre el filósofo y teólogo medieval Santo Tomás de Aquino, Godoy o el Renacimiento. Estuvo también durante seis años en el Patronato del Museo del Prado, entre otras entidades en las que participa o ha estado, como es la Fundación Tomás Moro.
A sus 72 años, este profesor de filosofía ya jubilado, recuerda con cierta nostálgia los tiempos en los que organizaba conciertos en la sala de música del edificio a finales de los ochenta. “Actos gratuitos a los que solía asistir toda la corporación municipal y los vecinos del pueblo. El aforo [unas 120 personas] siempre estaba completo”.
El Palacio de Boadilla llegó a sus manos tras la muerte de su padre, Carlos Rúspoli y Caro, en 1975. “Eramos tres hermanos [él es el más pequeño de ellos], y acordamos que lo mejor era que me lo quedara yo”.
Vacío y en mal estado
Su padre recibió el edificio en 1973 prácticamente vacío y en avanzado estado de deterioro. “Entre él y yo consolidamos la estructura y se restauró la cubierta sin ningún tipo de ayuda económica por parte de las instituciones”.
En esa época, también solicitaron su declaración como monumento histórico artístico, con el fin de parar las construcción de una carretera que iba a pasar junto al edificio y a dividir la finca en dos. “Estaban ya las máquinas y todo dispuesto para hacerlo”, recuerda Rúspoli.
Las posibles salidas
Sin ayudas públicas para rehabilitarlo y, por otra parte, temeroso de que el Ayuntamiento lo terminara expropiando —“algo que pedían muchas voces en el municipio”, afirma—, Enrique Rúspoli se planteó distintas soluciones para salvaguardar la integridad de su palacio. Pensó convertirlo en un hotel de lujo —“me negaron de partida la licencia para hacerlo”—; se lo ofreció al Museo del Prado como lugar en el que exponer parte de sus fondos ocultos; o “algo que muy pocos saben —aclara—: se lo ofrecí al barón Thyseen. Vinieron a verlo él y la baronesa, y les gustó, pero unas semanas después el Ministerio de Cultura les ofreció el edificio que actualmente acoge la colección Thyssen en pleno centro de Madrid”, afirma.
2.000 millones de pesetas
El convenio con el Ayuntamiento valoraba el edificio en 2.000 millones de las antiguas pesetas. El consistorio, a cuyo frente estaba como alcaldesa Nieves Fernández por el PP, se comprometió a pagar ese importe en un plazo de dos años: un 10% en efectivo y el resto en terrenos. [Es precisamente ese convenio de expropiación, recurrido por la empresa Fincas Boadilla y en el que luego se personó Antonio Samos, concejal del grupo mixto, sobre el que ahora ha dictado sentencia favorable el Tribunal Supremo. Aclarado este asunto, el Ayuntamiento debería ejecutarla y entregar los terrenos acordados a Rúspoli].
Entre otros aspectos, el convenio “limitaba el uso del palacio a un uso cultural, negaba que pudiera utilizarse para actividades lucrativas, establecía la creación de un Patronato y una comisión de seguimiento de los proyectos, cosas que muchas de ellas no se han cumplido”, señala decepcionado Rúspoli. A todo ello se une el hecho de que Rúspoli tan sólo haya recibido la mitad del importe acordado por el convenio de expropiación, que el edificio sigue casi abandonado, un proyecto que le gustaba, como era el convertirlo en Museo de la Historia de España, “se presentó en precampaña y luego desapareció”...
¿Y qué opina Rúspoli del proyecto de la SGAE? “No lo conozco de primera mano, pero de lo que he oído no va en la línea de máximo respeto al edificio. Un edificio que tiene todos los ingredientes de un Sitio Real, como Aranjuez, La Granja o San Lorenzo del Escorial, tiene que ser un palacio”, concluye.