En su sentencia, la juez considera probado que los caminos de esta finca, en su origen un coto de 754 hectáreas inscrito en el registro de la Propiedad en 1889, nunca tuvieron ningún tipo de utilidad pública. También que dichos caminos siempre formaron parte de la finca, tal y como figura en las primeras descripciones catastrales, del año 1866.
Se zanja así el problema que surgió en el año 2013 cuando los propietarios de la finca la vallaron y cerraron los accesos a la misma. Una acción que originó protestas vecinales y una denuncia de la Asociación Amigos de los Caminos. En 2014 el Ayuntamiento de Boadilla los inscribió como bienes de titularidad municipal alegando, entre otros motivos, el uso vecinal de los mismos desde “tiempo inmemorial”.
El juzgado valora como argumentos a favor de los propietarios de la finca que el Ayuntamiento nunca se hubiera ocupado de su conservación ni se desprende que hasta 2013 haya realizado casi ningún acto que permita deducir la titularidad pública de los cinco caminos objeto de la demanda. Así que el pasado 14 de febrero condenaba al consistorio a devolver su dominio a la familia propietaria de la finca y a pagar las costas del proceso judicial.
Romanillos es un finca protegida en la que actualmente está prohibido construir.