Tal y como explican desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, "en 2006, el entonces alcalde del Partido Popular en Boadilla, Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel por los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, cedió una parcela para la construcción de un colegio privado a la Congregación Legionarios de Cristo".
"Ni siquiera se trataba de un colegio concertado sino de un centro totalmente privado con un proyecto pedagógico que separa por sexos a los alumnos. La cesión se hizo por 75 años, con un canon exiguo y un periodo de carencia de 3 años".
En 2010, se llevó al pleno el expediente de resolución del contrato y extinción de la concesión por incumplimiento de las condiciones por las que se adjudicó la parcela, pero en el último minuto, siendo Juan Siguero el alcalde, se retiró este asunto del orden del día con el objetivo de poder contar con los informes pertinentes.
A fecha de hoy, recuerdan desde el PSOE de Boadilla del Monte, "no se ha vuelto a presentar este expediente a pesar de que las condiciones no han variado. El Grupo Socialista presentó en el mes de octubre una moción para que de una vez se inicien los trámites para recuperar la concesión. Sin embargo, el Equipo de Gobierno ha optado por seguir retrasando la rescisión con el consiguiente perjuicio para los intereses del municipio", afirma Pablo Nieto, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento.
Lo que dice el pliego
El pliego de condiciones de la concesión dice textualmente: "Serán causas de resolución del contrato, y por ende, de la extinción de la concesión, el incumplimiento de los plazos para finalizar la construcción así como el incumplimiento por parte del concesionario del resto de obligaciones contractuales".
Claramente se puede ver que se ha producido un incumplimiento. Cinco años después de la concesión solo se han puesto en marcha las aulas para infantil y primaria cuando el compromiso era el de construirlo en 13 meses abarcando todas las etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Además, no hay previsión de que se pueda cumplir próximamente ya que no se han iniciado el resto de las obras y las instalaciones acordadas.
No entendemos que se regale suelo público a entidades privadas que no disponen de concierto educativo y cobran por la inscripción 1,300 euros. Tampoco comprendemos que una parcela pública se ceda a una institución que separa en sus aulas a niños y niñas. Pero lo más increíble es que, en lo que parece un claro caso de favoritismo, no se apliquen las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas." Declara el portavoz socialista Pablo Nieto.
"El alcalde, Antonio González Terol, debe cumplir la ley y recuperar esa concesión de suelo público. Su obligación es que la ley sea igual para todos, debe sancionar y rescindir los acuerdos cuando existan incumplimientos. Debemos acabar con lo que ha sido una práctica normal en Boadilla, nunca se debió permitir que el colegio comenzase a funcionar sin estar acabado, concluye Pablo Nieto".
La respuesta desde el Grupo Municipal Popular
Desde el Grupo Municipal Popular, su portavoz, Miguel Ángel Ruiz, señaló al respecto en el pleno de la corporación celebrado el pasado 28 de octubre, que "se estaba a la espera de un informe sobre las consecuencias del incumplimiento previstas en los pliegos". Una vez se dispongan de los juicios técnicos y jurídicos al respecto, se tomará una decisión.