Según recoge la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), esta concesión administrativa se adjudicó con "absoluto desconocimiento de los procedimientos y de los requisitos que regulan la citada figura contractual", por lo que ésta ha de ser declarada "nula de pleno derecho".
Con esta sentencia, firme y sin posibilidad de ser recurrida, se pone así punto y final al proyecto de la SGAE en el Palacio de Boadilla del Monte, aunque el Ayuntamiento ya había suspendido la concesión el pasado mes de mayo toda vez que el proyecto de rehabilitación de la SGAE no contaba con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Denuncia de APB
La adjudicación por 75 años del edificio a la SGAE se hizo durante el mandato de Arturo González Panero. Fue denunciada hace cuatro años por Alternativa por Boadilla (APB), denuncia que es la que ha motivado la sentencia del TSJM al respecto.
“Es la segunda vez que el TSJM sentencia que las leyes de patrimonio sólo permiten hacer actuaciones de rehabilitación y conservación en el Palacio, por eso lo denunciamos y los tribunales nos han dado la razón. Un Conjunto Histórico Artístico único no podía convertirse en oficinas de una entidad privada. Tenemos que trabajar ya en un proyecto cultural y público de primer nivel, tanto nacional como internacional”, ha declarado el portavoz de este partido, Ángel Galindo.
Por su parte, desde la Asociación Amigos del Palacio, se exige al Ayuntamiento que el Palacio "sea devuelto a sus legítimos propietarios, el pueblo de Boadilla". Su presidenta, Paloma Olmedo. "Esperemos que ahora que el Tribunal ha dictado sentencia firme anulando la adjudicación, el alcalde ponga en marcha un plan de recuperación y rehabilitación del Palacio sin más demora".
Respecto a esta sentencia, desde la asociación afirman sentirse "muy satisfechos" por la misma, "pero es muy triste la desfachatez con la que actúan los gobiernos, que no atienden a razones ni al sentido común, intentan infringir la ley una y otra vez, obligando a los ciudadanos a recurrir a la Justicia para que sean los jueces los que pongan orden".
Olmedo se ha referido también a todo el tiempo perdido durante todos estos años: "Cuatro años desde la cesión a la SGAE y doce desde que el Ayuntamiento compró el Palacio. Necesitamos que se tomen decisiones ya y que no obedezcan a intereses caprichosos de los políticos sino a los intereses de los ciudadanos".