Sociedad

La Comunidad de Madrid pone en marcha el teléfono 112 Okupación

A través de este número, el Gobierno regional quiere contribuir a la lucha contra la usurpación ilegal de inmuebles. Con él se pretende asesorar a la persona afectada sobre sus derechos y poner el caso en conocimiento de las autoridades competentes.

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid,Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la puesta en marcha del teléfono 112 Okupación, con el que la Administración autonómica pretende contribuir a la lucha contra la usurpación ilegal de inmuebles.

La Comunidad de Madrid creará una Oficina contra la okupación que pondrá a disposición de los ciudadanos un teléfono 900 gratuito al que los madrileños podrán dirigirse para avisar de una posible ocupación ilegal o intento de ocupación de la que tengan conocimiento.

El proyecto se concreta en la creación de un Centro de Coordinación Municipal en las instalaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112), que, entre otros servicios, establezca un sistema de información a las fuerzas de seguridad y administraciones competentes en presuntos casos de ocupación ilegal de inmuebles.

Asesoramiento a los madrileñosDe este modo, cuando se reciba una llamada en 112 Okupación, además de asesorar al llamante sobre sus derechos y procedimiento a seguir, se pondrá el caso en conocimiento de las autoridades competentes, bien sean Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Fiscalía o Delegación del Gobierno.

Se trata, por tanto, de coordinar actuaciones entre víctimas, administraciones y fuerzas de seguridad para agilizar al máximo la resolución de las ocupaciones ilegales, siempre garantizando el principio de seguridad jurídica y respetando el marco legislativo de aplicación.

El objetivo de este nuevo servicio en el marco de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) que ha dado a conocer Díaz Ayuso durante su intervención el Debate del Estado de la Región es dar apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policías Locales y ayuntamientos en la lucha de esta lacra, que afecta actualmente a unas 4.000 viviendas en toda la región (unas 2.000 de la Agencia de Vivienda Social (AVS) y otras tantas de promociones privadas de particulares o banca), así como dar asistencia a los ciudadanos.