El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una reciente sentencia notificada al Ayuntamiento, según señala el portavoz de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, ha confirmado que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no reservó los suelos suficientes para vivienda protegida y garantizar así el acceso a la vivienda a las clases más desfavorecidas (jóvenes y personas con rentas más bajas). Reserva que hace la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid y que obligatoriamente impone el artículo 110 de la Ley 9/1995, del Suelo de la Comunidad de Madrid, texto que fue aprobado por el Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Según Ángel Galindo, el Ayuntamiento se verá obligado a la modificación de los Planes Parciales de los Sectores residenciales SUR 2 Olivar 3º Fase, SUR 3 Camino Bajo, SUR 5.2 A.C.N., SUR 6.2 A.C.S., SUR 7 LOS FRESNOS, SUR 8 L.CARCAVA, SUR 9 EL ENCINAR, SUR 10 EL PASTEL, SUR 11 VALENOSO, SUR 12 BONANZA.
El PGOU destinó más de 3.450.000 m2 de suelo a la construcción de viviendas (más de 7.000 viviendas) recalificados en el nuevo Plan General, que ya fue anulado por sentencia de la Sección Octava del TSJ de Madrid en el año 2003, por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales del PSOE.
El Ayuntamiento destinó únicamente 1.022.948 m2 de todo suelo residencial clasificado cuando tenía que haber destinado 1.739.737 m2, lo que equivale a que los sectores residenciales del PGOU de Boadilla tengan que cambiar su clasificación del suelo pues faltan más de 700.000 m2 que deberán modificarse para destinarse íntegramente a vivienda de protección pública, en cumplimiento de la sentencia del más alto tribunal de la comunidad autónoma.
“Hemos solicitado el urgente cumplimiento de la sentencia pues varios sectores residenciales se encuentran ya casi terminados (SUR 7- Los Fresnos o SUR 12- Bonanza), pero la mayoría de los que incumplen la norma autonómica se encuentran en fase de urbanización y ejecución de las calles, y el Ayuntamiento no tiene intención de cumplirla porque ya ha dicho que ha recurrido, es decir, que no quieren vivienda para jóvenes y rentas bajas en Boadilla”, señala el portavoz de Alternativa por Boadilla, Ágel Galindo.
Según Alternativa por Boadilla, la política de vivienda del alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, veda el acceso a la vivienda a los jóvenes y ciudadanos de Boadilla de rentas más bajas, lo que ha supuesto que muchos hayan tenido que irse del municipio.
La prueba de que el derecho a la vivienda en Boadilla se ha restringido, según APB, es la propia política municipal de vivienda seguida desde el consistorio, pues las últimas 80 viviendas públicas que ha hecho la Empresa Municipal de la Vivienda (EMSV) tienen un precio de entre 300.000 y 400.000 euros (entre 50 y 65 millones de las antiguas pesetas), y muchos vecinos han tenido que renunciar a ellas por no poderlas pagar.
“Hasta el propio Rajoy se sorprendió cuando en plena campaña electoral fue preguntado por un joven de Boadilla si la política de vivienda del PP era la de Boadilla. Rajoy se quedó sorprendido” resalta el concejal de APB, Angel Galindo.
El PGOU, los Planes Parciales y las Juntas de Compensación son dirigidas por el mismo arquitecto, Leopoldo Arnaiz Eguren que hizo también el PGOU, estando procesado en varios municipios de Madrid por tráfico de influencias y negociación prohibida, señala Galindo.
Según el portavoz de APB, uno de los Planes Parciales de Boadilla (SUR 11-Valenoso) fue iniciado por Enrique Porto Rey, ex director General de Urbanismo de Esperanza Aguirre imputado por la Fiscalía Anticorrupción en una presunta trama de corrupción urbanística en otro municipio de Madrid. Su testigo a cargo de este Plan Parcial fue tomado por Leopoldo Arnáiz Eguren a través de una de sus empresas de consultoría.
“Las cosas pintan muy mal en Boadilla para el Ayuntamiento porque los controles municipales no funcionan, todo estaba informado favorablemente por los técnicos y es ilegal. Ya sólo tenemos la esperanza de que la justicia ponga orden” afirma Ángel Galindo.