En este sentido, De la Varga ha señalado que “resulta incomprensible la actitud de una formación que hace gala de tener la misma postura en todo el territorio nacional sobre cualquier asunto y ver como el alcalde de Valdemoro, de Ciudadanos, otorga licencias para gasolineras al lado de polideportivos, colegios y viviendas, y el mismo partido se opone en Boadilla a dos surtidores de gasolina low cost dentro del municipio a pesar de que su localización esté condicionada, gracias al Plan General nuevo, a una ordenanza específica sobre su ubicación, que el Gobierno municipal, como aprobó en pleno, ya está redactando”.<u1:p></u1:p>
En cualquier caso, De la Varga, ha querido matizar que “lejos de criticar al máximo responsable consistorial de Valdemoro, que actúa respetando la legalidad, como señaló él mismo en el pasado pleno de febrero del municipio, queremos tan sólo subrayar con este ejemplo la postura irresponsable y desleal con la ley que mantiene la formación de Albert Rivera en nuestro municipio. Una pose engañosa con respecto a los vecinos puesto que en pleno no han pedido (tampoco PSOE ni APB) que no se otorgue licencia y han querido hacer ver que la ubicación de dos surtidores low cost de gasolina no está vinculada a la ley sino a la voluntad política, lo que no es cierto”.<u1:p></u1:p>
A su vez, la portavoz también ha afeado la actitud del PSOE “por ser su partido quien en 2010 registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que pretendía adoptar actuaciones concretas para impulsar la competencia efectiva en la distribución minorista de carburantes, entre las que contemplaba favorecer la apertura de nuevas gasolineras en hipermercados o grandes establecimientos comerciales”.<u1:p></u1:p>
“El motivo de esta propuesta”, prosigue de la Varga, “era según los socialistas que este tipo estaciones de servicio son las que demuestran una mayor capacidad de precios proponiendo que el Gobierno se coordinara con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para potenciar los criterios de competencia en los procesos de concesión o autorización de las estaciones de servicios”.<u1:p></u1:p>
“Un dato importante”, según De la Varga, “porque los dos surtidores que se discuten siempre irían anexos a una zona comercial, a un taller de lavado, como los existentes en Viñas Viejas y Olivar del Mirabal, o un negocio de mecánica ligera, como hay en el casco histórico del municipio”.<u1:p></u1:p>
Alternativa por Boadilla tampoco se escapa de la crítica de los populares, a quien le achacan que “a pesar de que Ángel Galindo, su portavoz, se conoce al dedillo en Plan General de Ordenación Urbana por su condición de concejal desde 2003, jamás alegó al actual plan nada con respecto a los surtidores, como tampoco PSOE y Ciudadanos”.<u1:p></u1:p>
“Si tan escandalosa les parecía la situación que hoy vivimos, no lo es menos que ninguna formación indicara nada al respecto en el período de alegaciones en el que estuvo expuesto públicamente el plan general. Esto demuestra o que son muy negligentes, o que no conocen la ley o que están engañando a los vecinos. Puede que sean las tres cosas. Sea lo que sea, ninguna de estas circunstancias les deja en una posición óptima para exigir que el Ayuntamiento cometa una ilegalidad, presionen tanto como deseen con diferentes instrumentos”.
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Por último, De la Varga “ha llamado a la responsabilidad y que con espíritu constructivo todo tratemos de solucionar los problemas vecinos, dejando los intereses partidistas a un lado”.
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