El Ayuntamiento de Boadilla aprobará en pleno municipal el rescate de 33 locales comerciales adjudicados a la empresa Rústicas MBS, vinculada a la trama Gürtel. La recuperación de los inmuebles supondrá al consistorio un desembolso de 5,3 millones de euros para pagar la hipoteca de Caja Madrid que pesa sobre los locales, si bien el monto inicial de la misma ascendía a 8 millones de euros.
Con esta recuperación, el Ayuntamiento persigue poner en valor unos locales que, primero por sus altos precios, y luego por verse implicada en el caso Gürtel la empresa adjudicataria de los derechos de explotación, permanecen prácticamente todos vacíos. El consistorio quiere ofrecérselos a personas que deseen invertir e instalar negocios, según han señalado fuentes del equipo de gobierno. La acción será tutelada por un interventor judicial al tratarse de una empresa judicialmente intervenida.
Una operación discutible según la oposición
Por su parte, portavoz de los socialistas boadillenses recuerda que "los locales y las 138 plazas de garaje se encuentran en la mejor zona comercial de Boadilla, y fueron adjudicados por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda a una empresa de Ramón Blanco Balín, imputado en el caso Gürtel, a Rústicas MBS, S.L. en 2005, y después a la Sociedad Artas Consultores, en 2008, también propiedad de Balín y que posteriormente pasó a manos de Correa".
Nieto ha añadido que "la empresa de Correa nunca abono un mísero canon de transmisión fijado por ley", y también que "las tres empresas que se presentaron estaban relacionadas. Finalmente el Ayuntamiento pagaba un alquiler de 200.000 euros por alquilar solo dos de los 33 locales".
"Según un informe de la Agencia Tributaria que consta en el sumario, la empresa Artas Consultores se constituyó el día 22 de septiembre de 2005 como sociedad, un día después, mediante contratos privados, el gerente de la EMSV, Alfonso Bosch y el director del Ayuntamiento de Boadilla, Tomás Martín Morales, compran el 25% y el 20% respectivamente de sus acciones. Estos dos ex altos cargos del PP mantuvieron la propiedad de estas acciones hasta julio de 2007, cuando Francisco Correa se hizo con el 75% de las acciones de esta empresa", ha asegurado.
"Desde el PSOE de Boadilla hemos propuesto una vía alternativa para recuperar esos locales sin incurrir en costes adicionales: el ayuntamiento debe rescindir el contrato y defenderse en los tribunales si la empresa adjudicataria reclama indemnización. Indemnización que, en nuestra opinión, no estaría justificada al existir un incumplimiento flagrante del acuerdo de cesión por impago del canon estipulado", ha concluído Nieto.