La ciudad del Deporte debía haberse terminado el pasado mes de noviembre. El mismo día en que se cumplía el plazo, la Junta de Gobierno Local, formada por el alcalde y concejales del Partido Popular, aprobó una ampliación de la ejecución de la obra de 13 meses, sin contar con un informe técnico preceptivo que estableciera el responsable del retraso de las obras, según informan desde el PSOE de Boadilla del Monte.
En caso de demora, el pliego de condiciones preveía sanciones administrativas de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Contratos de la Administración Pública, que establece que: “Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 20 por cada 100.000 pesetas (0,12 por 601,01 euros) del precio del contrato”. La aplicación de esta cláusula para los trece meses de prorroga fijaría la indemnización en 2,2 millones de euros.
Una adjudicación polémica
La adjudicación a la constructora Hispánica de la construcción de la Ciudad del Deporte y la Salud en 2007 fue controvertida, recuerdan desde el PSOE de Boadilla. Se hizo en contra del informe de los servicios técnicos municipales, que dieron mayor puntuación a la empresa Sacyr, pero apoyándose en el emitido por un cargo de confianza de Arturo González Panero (el director del área de Deportes). Una adjudicación por la que los intermediarios, tal y como figura en el sumario del caso Gürtel, podrían haber recibido a cambio comisiones. Así, aparece en el sumario del caso Gürtel como un ejemplo más de cómo funcionaba la trama de corrupción.
"No es la primera vez que se favorece a esta empresa ya que hace dos meses fue necesario retranquear unas tuberías para poder seguir con las obras y el Ayuntamiento se hizo cargo de ellas, desembolsando 180.000 € del erario público. Es de suponer que en los estudios previos que hizo la constructora Hispánica conoció la ubicación de esas tuberías del Canal de Isabel II por lo que no procede que ahora corra con esos gastos el Ayuntamiento y la empresa no pague ninguna penalización por no terminar la obra a tiempo", afirma Pablo Nieto, portavoz del PSOE de Boadilla.
"Esta adjudicación ya fue criticada por nuestro grupo debido a su exagerado coste financiero para las arcas municipales. Una obra menos faraónica y más barata hubiera sido más eficiente. Ahora resulta que no es suficiente la astronómica cifra de 30 millones de euros, las comisiones presuntamente cobradas por políticos populares o el retraso de más de un año en las obras. En una burla a los ciudadanos de Boadilla el Ayuntamiento renuncia a una millonaria indemnización en beneficio de una empresa bajo sospecha”, asegura Nieto.
“Esta renuncia a la indemnización no es sólo un nuevo despilfarro que lleva a cabo el alcalde y su equipo de concejales, sino una muestra más de que, pese a todo lo sucedido, el equipo de gobierno sigue beneficiando a las empresas relacionadas con el caso Gürtel. Desde el PSOE de Boadilla vamos a exigir que el Ayuntamiento sea indemnizado por todos los perjuicios que este retraso ha causado a nuestros vecinos”.
Cambio de propietarios
Los efectos colaterales por su implicación en el caso Gürtel se hicieron sentir en la actividad de la constructora Hispánica el año pasado, a pesar de ser un empresa saneada. La compañía fue adquirida en octubre del año pasado por el grupo Essentia, que posteriormente ha cambiado el nombre de Hispánica por el Assignia Infraestructuras.