La Ley en vigor 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a todas las entidades locales, sin excepción, a establecer una tasa de basuras.
En el artículo 11 se dice textualmente que “las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años, a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”.
Por esa razón, el Partido Popular de Boadilla presentó una moción en el último Pleno para que el Gobierno de España permita a los municipios con suficiencia financiera en sus cuentas públicas, la libre elección del método de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. La moción fue votada a favor por PP y Vox y en contra por PSOE y Más Madrid Boadilla.
Moción del PP de Boadilla
La moción presentada ante el Pleno explica que el artículo 140 de la Constitución Española consagra la autonomía de los municipios para su gobierno, administración y gestión. Y en el artículo 106 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985, por su parte, se explicita la autonomía de las entidades locales para establecer y exigir sus propios tributos. “Obligar a todas las administraciones a aplicar una tasa a sus vecinos supone un grave ataque a la libertad y la autonomía de gestión de las entidades locales”, argumenta la moción.
Además, se explica que la Ley no contempla ninguna diferencia en el modelo de financiación del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos entre administraciones locales con suficiencia económica y superávit frente a aquellas que tienen problemas financieros.
Según la norma, todos los ayuntamientos, no sólo se verán obligados a imponer la tasa de basura, sino que, además, dicha tasa deberá cubrir todos los costes del servicio (operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos e incluso el coste de las campañas de concienciación y comunicación); los ayuntamientos no podrán financiar, ni siquiera parcialmente, el coste del servicio con recursos municipales
También se cuestiona la forma de determinar la cuota tributaria que, según la Ley, se aplicaría repartiendo el coste del servicio entre los distintos obligados tributarios y en atención al principio “quien contamina, paga”, por lo que será necesario conocer el volumen de residuos que se generan.
“La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, a este respecto, ya ha augurado que la imposición de la nueva tasa municipal de residuos, sin la existencia de una ordenanza fiscal tipo de referencia para su cálculo e implantación, generará una situación de gran inseguridad jurídica y supondrá, como conllevó la plusvalía, un indeseable aumento de la litigiosidad”, plantea la moción del Partido Popular de Boadilla.