Tal y como relatan desde el PSOE de Boadilla en una nota de prensa, "entre los meses de abril de 1997 y mayo de 2023, respectivamente, dos trabajadores del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ambos Licenciados en Ciencias de la Información, desempeñaron su trabajo, hasta su cese el 16 de junio de 2023, en diferentes concejalías y áreas (Cultura, Turismo, Personas Mayores, Servicios Sociales, Familia, Mujer e Infancia, etc.) y en puestos de trabajo tales como Coordinador Técnico o Coordinadora". En ambos casos como personal eventual de confianza, de libre designación por el alcalde.
Ambos trabajadores fueron cesados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla con motivo de la expiración del mandado de la Corporación Municipal 2019-2023. Algo que es habitual en este personal de libre designación en la administración pública: que cesa cuando termina el mandato de quien lo nombró.
Ante esa situación, los dos trabajadores presentaron demanda de despido afirmando el carácter laboral de la prestación de servicios que realizaban, oponiéndose el Ayuntamiento a dicha reclamación.
Con fecha 8 de marzo y 6 de mayo de 2024, respectivamente, dos sentencias del Juzgado de lo Social reconocía que las funciones desarrolladas por ambos trabajadores municipales no eran las propias de un puesto de confianza o asesoramiento especial.
Ambas resoluciones judiciales consideran en sus hechos probados y fundamentos que, por el contrario, en ambos casos la relación que unía a las partes era laboral y de carácter indefinido. “…hubo fraude en la contratación puesto que se trataba de atender una necesidad permanente de la corporación municipal con lo que la relación devino en indefinida no fija, por lo que el cese de 16-06-2023 respondió a un despido que ha de ser declarado improcedente con los efectos legales inherentes…” (Sentencia de 8 de marzo de 2024). Aspecto en el que también ahonda la segunda sentencia, de 6 de mayo de 2024.
Aunque las sentencias no son firmes (el Ayuntamiento las ha recurrido) el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alfonso Castillo, pedía explicaciones ante esta situación en el pleno celebrado el pasado 21 de junio. Advertía a su vez de cómo "la negligente gestión por parte del equipo de Gobierno del PP en la contratación de estos dos trabajadores, que legítimamente reclaman sus derechos, puede ocasionar un grave perjuicio económico de casi 200.000 euros a las arcas municipales. ¿Quién se va a hacer responsable de esto? ¿Quién lo va a pagar? Desde luego el posible abono de estas cuantías económicas no debería recaer sobre los vecinos y vecinas de Boadilla del Monte”, sino sobre "los responsables de estas malas prácticas señaladas por la jurisdicción laboral", afirma.
Concluye señalando "que el Grupo Municipal Socialista estará muy pendiente del fallo final y la posible repercusión económica para las arcas municipales del Ayuntamiento de Boadilla".