El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla ha aprobado hoy una moción para solicitar a la Dirección General del Catastro la aplicación de un coeficiente de actualización reductor de los valores catastrales vigentes en la localidad con el fin de conseguir una bajada en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El texto explica que en 2004 Boadilla sufrió una fuerte subida del valor catastral, debido a la revisión efectuada por la Dirección General del Catastro -dependiente del Ministerio de Hacienda-, manteniéndose desde entonces en niveles muy altos, lo que causa un fuerte perjuicio en la economía de las familias del municipio.
Desde el gobierno municipal se explica que al tener Boadilla el tipo en el mínimo legal, sólo quedan dos mecanismos para reducir el IBI: bonificaciones obligatorias o potestativas contempladas en la Ley de Haciendas Locales o una bajada general de los valores catastrales.
Respecto al primero, el equipo de Gobierno en los últimos años ha aumentado las bonificaciones existentes para familias numerosas y ha implementado otras para aquellos que instalen sistemas de aprovechamiento de energía solar; con la moción aprobada hoy solicitará que se ponga en marcha la segunda vía para que los vecinos paguen menos IBI.
Durante 2019, 449 municipios de España han podido solicitar la aplicación de coeficientes de actualización reductores de valores catastrales que han supuesto una bajada; es el caso, en la Comunidad de Madrid, de Galapagar, Villanueva de la Cañada, Las Rozas o Brunete.
La moción ha sido presentada por Vox e, incorporando las enmiendas del PP, aprobada con los votos favorables de PP, Cs, Vox y la abstención del PSOE.
Una vez superadas en 2016 las restricciones fiscales que fijó sobre el tipo impositivo del IBI el Real Decreto-Ley 20/2011 de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la corrección del déficit público, el equipo de Gobierno redujo el coeficiente a aplicar del 0,5% al 0,4%, lo que generó ahorros medios en el recibo anual de entre 200 y 300 euros, para el caso de las viviendas del casco urbano y Residencial Siglo XXI; y de entre 400 y 1.000 euros para las de las urbanizaciones históricas. El importe global que la corporación dejó de recaudar anualmente por efecto de esta medida fue de 3,8 millones de euros.