Continúa el calvario judicial del alcalde de Boadilla. La situación política y judicial que atraviesa Arturo González Panero (procesado desde el 2006 por prevaricación, según señala Alternativa por Boadilla en un comunicado) y que algunos califican de “insostenible”, ha aumentado en estos días tras recientes sentencias.
En esta ocasión, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 23 de Madrid, vuelve a poner de manifiesto la situación de arbitrariedad con la que actúa el Alcalde popular de Boadilla, considera APB. La sentencia producida tras la denuncia interpuesta por este grupo de la oposición (notificada el 17-12-2007), reconoce la contratación ilegal y la aprobación del gasto para un Procurador, que se contrató el propio alcalde por Decreto para su defensa en un asunto particular.
Hace pocos meses, y tras la denuncia del mismo grupo de la oposición, otra sentencia del Juzgado 9 de Madrid, declaró ilegal el contrato del abogado contratado por el Ayuntamiento para el mismo caso ante el Tribunal de Cuentas, que también pagó el Ayuntamiento de Boadilla. El Tribunal de Cuentas enjuicia en la actualidad unos pagos ilegales que realizó González Panero en los años 1998, 1999 y 2000, y cuya responsabilidad es estrictamente de carácter personal.
Los argumentos
La sentencia argumenta que “carece manifiestamente de sentido que sea el propio perjudicado (el Ayuntamiento de Boadilla) el que sufrague los gastos de la defensa judicial del Alcalde por unos actos que presuntamente, han causado daño patrimonial al Ayuntamiento”, añadiendo que “el contrato denunciado no redunda en beneficio del Ayuntamiento sino directamente del Alcalde imputado, al verse exonerado de su pago y que “no responde a una necesidad municipal”.
El Juzgado argumentó, para no asumir los gastos de defensa del alcalde, que “la acción delictiva o la responsabilidad, en este caso, no son inherentes al puesto público ni le acompañan sino que forman parte de una patología que razonablemente no puede ser cubierta por la Administración porque como venimos indicando, ella es la perjudicada”, y que “lo imputado ante el Tribunal de Cuentas es estrictamente personal y no vinculado directamente a su condición pública, que permite actuar sin incurrir en este tipo de conductas si es que, como se vienen señalando, son probadas en el seno del Tribunal de Cuentas” añade la sentencia.
“El alcalde trata que el Ayuntamiento pague la defensa de sus actos aunque sean ilegales, hecho que demuestra la situación de arbitrariedad con la que preside el Ayuntamiento” afirmó Angel Galindo, concejal portavoz de APB.
La resolución del contrato obliga a reintegrar en los fondos públicos los 3.318,37 euros aprobados ilegalmente. Igualmente ocurre con los más de 27.000 euros con los que se cargó al presupuesto para pagar al abogado del alcalde.
“El PP de Madrid sabe lo que pasa en Boadilla y no sé a qué esperan. A lo mejor a que los jueces les resuelvan el problema porque el alcalde sigue adoptando acuerdos ilegales, está procesado, incumple hasta el Pacto Antitransfuguismo y como su partido no hace nada, se siente avalado. Responsabilizo directamente de lo que pase a Esperanza Aguirre y al Sr. Rajoy, pues la prudencia les obligaría a intervenir” manifestó Ángel Galindo, portavoz de APB.