González Panero acusó al alcalde de haber personado al Ayuntamiento en el citado caso utilizando un procedimiento administrativo excepcional, reservado para casos muy distintos a este, y sin respetar los principios de transparencia y publicidad necesarios para garantizar el acceso a la oferta de contratación de todos los posibles interesados.
La querella también argumentaba que el Ayuntamiento cuenta con un servicio jurídico que podría haber llevado el proceso en vez de encargarlo a un abogado externo o, en su defecto, el propio Abogado del Estado con que cuenta la Audiencia Nacional en este proceso.
Respecto al posible tráfico de influencias, Panero aludía a anteriores contrataciones del mismo abogado por parte de personas del entorno de Antonio González Terol.
En definitiva, acusaba a Terol de los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Sin embargo, el Supremo ha desmontado cada una de las argumentaciones de la querella indicando que:
- En modo alguno el procedimiento utilizado para la contratación del servicio jurídico que Panero consideraba inadecuado (sin indicar cuál sería el correcto, según dice el auto), encaja con lo que se determina como constitutivo de delito de prevaricación.
- Los servicios jurídicos del ayuntamiento cuentan con una alta cualificación profesional en derecho administrativo local,pero no necesariamente en derecho penal.
- El Abogado del Estado desempeña su función en defensa de los intereses del Estado que no tienen necesariamente que coincidir con los de un pequeño Ayuntamiento.
- No se desprende del contenido de la querella que se hubiera realizado una acción "a sabiendas", es decir, con clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido y anteponiendo su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración e indica respecto al querellado que "parece solo pretendía limpiar el nombre de la localidad que presidía, que había sido puesto en cuestión por la actividad del anterior Regidor del Ayuntamiento, implicado, al parecer, en tramas de corrupción".
- Al no considerarse que haya delito de prevaricación, no se puede derivar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
- El posible delito de tráfico de influencias por una supuesta relación personal entre familiares del querellado y el abogado contratado no es, a juicio del Tribunal, más que "una presunción sin verificación alguna de la misma".
Historia de una caso pendiente de juicio
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con Antonio González Terol como Alcalde, se personó en 2013 en la Audiencia Nacional como acusación particular y en calidad de perjudicado "por las presuntas irregularidades cometidas durante el mandato del exalcalde del municipio Arturo González Panero”.
En total, el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Suelo dependiente de éste solicitaron en sus escritos de acusación un total de 548 de prisión para los 27 imputados por su implicación en este caso. Para Arturo González Panero se pidió 49 años de cárcel, acusándole de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Además, González Terol también pidió la devolución de 233.000 euros al PP tanto para su consistorio como la Empresa Pública del Suelo y la Vivienda dependiente de éste en la Gürtel, trama en la que fue el único dirigente popular que se personó como acusación particular a diferencia de otras administraciones también afectadas y dirigidas por personas del PP.
Funcionarios imputados
No solo fue admitido en el caso el Ayuntamiento de Boadilla por parte del juez Ruz, sino que consiguió con su proactividad imputar a varios funcionarios que daban servicio en la localidad, trabajadores públicos que mantenían algunos de ellos vínculos estrechos con el ex alcalde de la localidad, González Panero, quien en sus diferentes intentos de escapar de los predecibles castigos judiciales que le esperan no ha dudado incluso de intentar trasladar las responsabilidades a su hijo mayor, Arturo González Villarroya, a quien utilizó para la compra de teléfonos móviles desde el que se hicieron operaciones para mover dinero presuntamente ilícito.