La nueva regulación del impuesto de plusvalía deja en manos de las corporaciones locales la opción de rebajar el valor catastral hasta un 15%
Con este Real Decreto Ley, que había sido anulado hace pocos días por el Tribunal Constitucional, el Gobierno establece dos formas de calcular dicho impuesto:
- El primero es multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tienen en cuenta los años transcurridos entre compra y venta del inmueble, y que serán actualizados anualmente.
- El segundo es calcular la diferencia entre el precio de compra y el de venta del inmueble. Al resultado de esta plusvalía real se le aplicará el tipo fijado por cada ayuntamiento, nunca superior al 30%.
Los ayuntamientos podrán adaptarlo a la realidad inmobiliaria de cada unoEl decreto ley deja cierto margen a los ayuntamientos para adaptar el impuesto a la realidad inmobiliaria de cada uno. Reconoce así la posibilidad de que las corporaciones locales, a los solos efectos de este impuesto, corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización.
El nuevo impuesto resultará más gravoso que el anterior para las operaciones a corto plazo: traspaso del inmueble en un plazo inferior a cinco años desde que lo adquirieron.
En vigor a partir de mañana Esta modificación en el impuesto de plusvalía entra en vigor el miércoles, 10 de noviembre. Los ayuntamientos tienen un plazo de seis meses para trasladarla a sus ordenanzas.
Isabel Rodríguez, ministra y portavoz del Gobierno, ha asegurado que “la norma devuelve certidumbre a los ayuntamientos y a los contribuyentes”.
La agilidad para aprobar esta reforma demuestra que querer es poder, y que si hay voluntad se pueden cambiar las cosas, hasta la Constitución, en un breve tiempo. Sea como sea, la medida supone una bomba de oxígeno para los ayuntamientos, que recuperan una de sus principales fuentes de ingresos.
Reacciones al nuevo impuesto
Las respuestas ante la reforma no se han hecho esperar. El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) y la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) han puesto en duda la constitucionalidad de la medida.
Estos últimos han asegurado que ha defendido que “la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional establece que los tributos no se pueden aprobar por Decreto Ley y lo que el Gobierno está regulando es la esencia del impuesto, la parte que corresponde a su cálculo”.