Según Úbeda, esta nueva norma aprobada por el Gobierno de España supondrá la quiebra de muchos consistorios por los gastos que va a generar en la gestión de los residuos de los hogares. Además, "obligará a la aplicación de nuevos impuestos a los vecinos, que ya están pagando las consecuencias de la alta inflación que sufre España en estos momentos".
En Boadilla, concretamente, la aplicación de la norma supondrá pasar de un gasto de 5 millones de euros en el servicio de recogida de residuos a uno de 8 millones, en el mejor de los escenarios, y hasta 10 millones. Es decir, entre 3 y 5 millones de euros más que ahora.
El alcalde considera que, a pesar de lo necesario de implementar políticas para reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos, "la normativa llega tarde y está mal planteada. Además de que va a generar una presión fiscal de más de 1.500 millones de euros", entre otros problemas.