El magistrado propone juzgar a 27 personas, 11 sociedades mercantiles responsables civiles subsidiarias y un partícipe a título lucrativo (el Partido Popular), por su presunta implicación en una trama organizada para “enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la citada localidad”.
El auto es bastante claro y descriptivo en sus 109 páginas sobre las actividades y el papel jugado presuntamente por cada uno de los imputados en esta trama, las cantidades supuestamente recibidas, el origen de los fondos, la forma de los pagos a los implicados... Sobre todo en lo que respecta a sus cabecillas: Francisco Correa; su mano derecha, Pablo Crespo; el ex alcalde Arturo González Panero; el ex director general del consistorio, César Tomás Martín Morales, o el diputado y ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte, Alfonso Bosch Tejedor.
El juez argumenta que Correa y Pablo Crespo crearon un grupo al que se fueron incorporando autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales o Alfonso Bosch Tejedor. El grupo benefició, siempre a cambio de comisiones, a distintas personas y sociedades.
Estas contrataciones irregulares, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Pablo Crespo, 593.000 euros; a José Galeote, 557.609 euros; 1,8 millones de euros al ex alcalde Arturo González Panero; a Tomás Martín Morales, 1,3 millones; y a Bosch Tejedor, 941.652 euros.
Tanto el ex regidor González Panero, como otros imputados, pusieron en marcha una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos, asegura el juez. Estrategia que el auto desglosa detalladamente en cada caso y explica, por lo intrincado de la misma (testaferros, sociedades en el extranjero…), las dificultades en la instrucción del caso.